Llei Òmnibus


  • Eliminación del registro único de vivienda dejando en manos de los promotores privados la adjudicación de vivienda de protección oficial.
  • Se autoriza la opción de ser titular de más de una vivienda de protección oficial en contra de lo que hasta ahora existía.
  • Se elimina la posibilidad de obligar a un propietario a alquilar un piso desocupado.
  • Reducción de las evaluaciones ambientales, informes previos de la consejería y exigencias en pequeños municipios de cara a construir nuevas promociones urbanísticas.
  • Derogación de los mínimos de vivienda social en las promociones de vivienda.
  • Supresión del apartado que especifica que se tiene que procurar que la vivienda de protección oficial se distribuya por todo el territorio para evitar guetos.
  • Eliminación de la obligatoriedad que los edificios plurifamiliares de más de una planta tengan ascensor.
  • Introducción de la posibilidad de que los adjudicatarios de vivienda social puedan adquirir otra vivienda libre.
  • Semi-privatización del sistema público sanitario los 8 hospitales y los 360 CAP del Instituto Catalán de la Salud (EQUIS), propiedad de la Generalitat, perderían por primera vez la condición de instituciones públicas y podrían ser utilizadas como clínicas privadas.
  • Sin asistencia sanitaria los seis primeros meses. La sanidad pública catalana atendería exclusivamente a los empadronados en Cataluña con una antigüedad mínima de seis meses, dejando fuera a inmigrantes acabados de llegar y a turistas de larga estancia.
  • Privatización del agua del Ter-Llobregat, el proyecto de ley abre la posibilidad de “firmar convenios con empresas o entidades privadas para la explotación coordinada de las instalaciones de Aguas del Ter-Llobregat (ATL)”
  • Exclusión del paraje del Valle de la Santa Creu del parque natural del Cap de Creus.
  • Revisa la ley de acceso motorizado a los espacios naturales, donde se da potestad a la Consellería de Agricultura para que autorice el paso de vehículos por determinados caminos, aunque sean estrechos.
  • Concesión de rango de autoridad pública a la vigilancia privada. Los vigilantes tendrán una cobertura jurídica mucho más grande, cualquier agresión verbal o física que sufran pasará a ser considerada como un atentado a la autoridad, un delito castigado con penas de dos a cuatro años de prisión.
  • Veto a la prostitución en las carreteras. La seguridad viaria pasará a ser utilizada como argumento para prohibir la prostitución en las carreteras.
  • Vaciar de funciones el Conca. El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (Conca) se convierte en un organismo sin funciones ejecutivas. Deja de administrar las subvenciones a la creación y se limita a sus funciones entre evaluador y supervisor. Se limitará a conceder los Premios Nacionales, realizar auditorías a los equipamientos culturales y a evaluar los contratos programa.
  • Vaciar de funciones la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Se reducirá a un consejo asesor y perderá la capacidad para repartir becas y programar actividades de difusión.
  • El Instituto Catalán de las Indiustrias Culturales (ICIC) sale reforzado. El ente dirigido por Fèlix Riera (Unión) administrará las subvenciones y ayudas.
  • La ley de barrios dejará de ser obligada convocatoria anual dejándola como opción que tienen la Generalitat de convocar ayudas para la remodelación de barrios del País.
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